No creo que quienes hicieron dicha ley entendieran esto. Optaron por la represión y no la educación o la concienciación, o el control de los fabricantes de productos de tabaco, para inventar provocar la salud por decreto, y así deberemos vivir, aunque el ordenamiento en cuestión nos haga pensar en lo que El Quijote le explicaba a Sancho Panza sobre la labor de legislar:
No hagas muchas pragmáticas, y, si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen, y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella.
(Por otro lado, el aplauso entusiasta, la adhesión sin restricciones y los votos unánimes del Partido "Popular" por esta iniciativa habrían bastado para dispararle las alarmas a gente de una izquierda menos pudiente.)
La firme decisión casi estalinista que anima esta ley de salud por orden superior contrasta, desgraciadamente, con un descuido gravísimo en otros temas relativos a la salud, y no queda sino preguntarse por qué.
Como preguntarle al aire no da respuestas muy sólidas (dijera lo que dijera Bob Dylan), estoy preparando una carta abierta a las máximas autoridades electas españolas para plantear tales preguntas, y deseo compartir el primer borrador de la misiva con las lectoras y los lectores de este blog, para que me ayuden a que sea más clara y efectiva, a detectar omisiones y a expresar si consideran que sería oportuno enviarla a título colectivo, convocando la firma pública, o me embarco yo solo porque de todos modos no le van a hacer caso.
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Señor Presidente de Gobierno Don José Luis Rodríguez Zapatero
Señora Ministra de Sanidad y Consumo Doña Elena Salgado
Señores Diputados y Senadores
España se ha convertido sin duda alguna en el verdadero paraíso de los pseudomédicos, sin que esto haya llamado la atención que merece por sus efectos en la salud general de la población, por lo endeble de las bases sobre las que se funda la creencia en estas prácticas y porque estos efectos no están cuantificados ni debidamente estudiados. Estas omisiones deben resolverse para proteger a las víctimas de las estafas y timos pseudomédicos.
Los pseudomédicos que disfrutan de patente de corso en el país no tienen en lo más mínimo los conocimientos, preparación, experiencia y capacidad necesarios para diagnosticar correctamente las enfermedades ni mucho menos para señalar las terapias adecuadas para su curación o control. Y sin embargo, lo hacen de manera impune, masiva y abierta.
Lo que practican, la pseudomedicina, se disfraza con diversos nombres como "medicina alternativa", "complementaria", "natural", "tradicional" que no significan en realidad nada.
Bajo la máscara de palabras y conceptos que tienen una indudable aceptación popular, se ocultan numerosas formas de la superchería de la salud cuyos practicantes y beneficiarios económicos actúan al margen de la ley pero sin verse afectados por ella.
Para atender pacientes, recetar remedios y cobrar sin responsabilizarse por posibles daños a los pacientes, basta afirmar, sin más bases que el deseo de hacerlo, que uno se dedica a las "medicinas alternativas": homeopatía, acupuntura, flores de Bach, sales de Schüssler, quiropráctica, naturismo, hipnoterapia, ayurveda, reiki, qi-gong, herbolaria tradicional, medicina china, fitoterapia, imposición de manos, medicina cuántica (o "quántica"), energética, magnetoterapia, cristaloterapia, hidroterapia del colon, chamanismo, apiterapia, iridología, holística, taquiónica, psiónica, reflexoterapia, auriculoterapia, cromoterapia, biorresonancia, biomagnética, radiestésica, piramidoterapia, gemoterapia, shiatsu, aromaterapia, do-in, kinesiología, macrobiótica, Si Jun Zi Tang, terapia neural, moxibustión, antroposófica, musicoterapia, sofrología, Faldenkrais y literalmente cientos más.
Todas estas prácticas tienen en común ciertos elementos que deberían, supone uno, preocupar a los responsables políticos de la salud y el bienestar de sus gobernados:
- Ninguna tiene ninguna validación científicamente sólida de sus postulados, ni en el laboratorio ni en las pruebas clínicas que se exigen a todo medicamento o dispositivo médico genuinos.
- Ninguna cuenta, por lo mismo, con estudios sólidos sobre sus efectos secundarios dañinos o perjudiciales, así como sus contraindicaciones, como los que se exigen a todo medicamento o dispositivo médico genuinos.
- No se les exige responsabilidad por malpraxis, por daños a los pacientes o por errores diagnósticos con consecuencias graves, como se exige a los médicos y a los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos genuinos.
- Todas niegan rotundamente la validez de la ciencia y de la medicina basada en el conocimiento científico (fisiología, anatomía, bioquímica, farmacología, etc.) y luchan por evitar que sus clientes acudan a los médicos y sigan tratamientos que han sido probados en el laboratorio y clínicamente.
- Todas tienen como único sustento publicitario algunas evidencias anecdóticas cuidadosamente seleccionadas por los propios interesados (los pseudomédicos y los acaudalados fabricantes de pseudomedicamentos).
- Ninguna ha realizado jamás una sola aportación sólida, real y relevante a la salud pública, como serían, digamos, la vacuna contra la rabia, la penicilina, la anestesia o la síntesis de la insulina.
- Todas están actualmente empeñadas en obtener un reconocimiento por parte del estado (sin cumplir los requisitos que se exigen a los médicos, medicamentos y dispositivos médicos genuinos) con objeto de poder obtener parte del dinero de los seguros médicos privados e incluso de la seguridad social, especialmente en Europa.
- Todas se difunden libremente, sin estar sujetas a las exigencias de publicidad no engañosa a las que está sujeto el resto de la economía.
No es que sean, como los abortistas de tiempos por fortuna idos, sujetos que trabajan en la oscura clandestinidad, a los que se llega conectando con los barrios bajos, no. Están en la televisión, con espacios fijos como el espacio televisual de media hora que disfruta varios días a la semana un personaje llamado Txumari o Chumari Alfaro, donde se ocupa de recomendar al público cualquier cantidad de remedios extravagantes y no probados, sin pruebas de que sus pócimas funcionen y sin asumir responsabilidad alguna si no funcionan o hacen daño.
Los pseudomédicos se anuncian abiertamente en los diarios, la radio y la televisión, prometiendo curas milagrosas, soluciones mágicas, respuestas inmediatas y resultados milagrosos sin atenerse a ninguna norma ética sobre la publicidad. Aseguran que lo curan todo y que no tienen efectos secundarios, afirmaciones comprobadamente engañosas que conllevarían una sanción para cualquier otro actor económico que las hiciera en los medios de comunicación.
Incluso, los pseudomédicos no se ven afectados por descubrimientos como los que publicara la prestigiosa revista médica británica
Así, quienes se ocupan de hacer las estadísticas de salud en España no han tenido tiempo de ver cuántas personas acuden a estos curanderos, pseudomédicos o médicos brujos, cuánto dinero se gasta anualmente en consultas con personas que practican el intrusismo médico y la simulación, y en los medicamentos, tratamientos y terapias que estas personas recetan.
Muchísimo menos existen estadísticas sobre los fallecimientos provocados directamente por estos tratamientos o indirectamente al abandonar el paciente su tratamiento médico al convencerlo el mercader pseudomédico de que no le ayudará, ni sobre los efectos que tienen sobre la calidad y expectativas de vida del paciente, ni menos sobre el costo que implica para la sanidad pública el atender a personas agravadas por las más diversas prácticas pseudomédicas.
Ni qué decir que parece estar ausente también el control hacendario sobre tales ingresos para garantizar que aporten lo justo a las arcas públicas, de lo que se congratulan los pseudomédicos junto con colegas suyos del mundo esotérico como los astrólogos, videntes, adivinos y brujos en general.
Por el contrario, empresas dedicadas a la promoción de todo tipo de prácticas esotéricas, paranormales y pseudocientíficas como Alfeón, de Irún, se ufanan abiertamente de recibir subsidios gubernamentales del INEM procedentes de los fondos europeos para realizar cursos especializados de disciplinas paramédicas, cuando su director no tiene ninguna preparación reconocida como profesional de la medicina o la paramedicina legítimas.
Evidentemente, se entiende que al haberse creado una percepción popular que indica que las prácticas curanderistas que simulan ser "medicinas alternativas" tienen alguna efectividad o bondad, y al ser cuestión de cierta "corrección política" el laissez faire en estos temas, por no incomodar a votantes que acuden masivamente a dejar su dinero en manos de pseudomédicos, se podría pensar que tocar el tema desde los poderes públicos sería políticamente poco conveniente.
Pero, en esa lógica, si la percepción popular dijera que hay "brujas", un gobierno electorero y populista bien podría mirar para otro lado si cada semana una o dos mujeres de avanzada edad y dueñas de gatos negros fueran quemadas vivas en las plazas públicas españolas.
El asunto no debería pues enfocarse por su valor electoral, si tal fuera el caso, sino como un asunto esencial de salud pública y de la responsabilidad que tienen los gobiernos de garantizar que sus representados no sean engañados y tengan acceso a la mejor salud posible, como lo dispone la Constitución Española.
Igualmente, es posible que alguno de ustedes, representantes electos, sustente creencias firmes y muy respetables respecto a la eficacia de una o más prácticas pseudomédicas. Sin embargo, en la medida en que estas prácticas no sean validadas científicamente, seguramente es claro que tales creencias pertenecen al ámbito íntimo de las convicciones religiosas o la afición a un deporte, y por tanto no pueden ni deben normar la política pública de sanidad y de protección a la población en general.
El Artículo 43 de la Constitución Española establece:
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Y el Artículo 51 dice, por su parte:
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
Lo cual nos lleva al punto esencial de esta carta abierta, el de ruegos y preguntas a sus señorías.
- ¿Consideran sus señorías, el señor Presidente de Gobierno, sus Ministros y los Diputados y Senadores, que mediante el silencio complaciente con embusteros, timadores y simuladores se está protegiendo la salud como lo exige el artículo 43 de la constitución?
- ¿Dirían sus señorías que mirar para otro lado es una forma de organizar y tutelar la salud pública?
- ¿Consideran sus señorías que se están estableciendo las medidas preventivas necesarias cuando cualquier persona sin ninguna preparación, certificación ni demostración puede fingir que diagnostica y cura, cobrando por ello?
- ¿Afirmarían sus señorías que el silencio absoluto de la ley es la forma adecuada de establecer los derechos de los pacientes y los deberes de quienes medran con su dolor y desesperación?
- ¿Es, a juicio de sus señorías, la desatención total una forma válida de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios de las pseudomedicinas?
- ¿Sería opinión de sus señorías que desoír los hechos es un procedimiento eficaz para proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de las víctimas?
- ¿Es convicción de sus señorías que la omisión total es la mejor forma de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios de la charlatanería médica, de fomentar a las organizaciones que critican a esta moderna brujería?
- ¿Consideran sus señorías que la sordera selectiva es la mejor manera de oír a las organizaciones en las cuestiones que pueden afectar (y afectan día a día) a un número indeterminado de ciudadanos?
En caso de que la respuesta a éstas preguntas sea "No", ruego respetuosa y encarecidamente que se emprendan las medidas necesarias para conocer las dimensiones que tiene en lo sanitario y lo económico la presencia y accionar permanentes de las legiones de pseudomédicos que hoy actúan libremente, proceder a exigirles a todos ellos que cumplan con los mismos requisitos de demostración de las propiedades de sus elementos terapéuticos en el laboratorio y en estudios clínicos y que, mientras tales propiedades, así como sus contraindicaciones, no hayan sido debidamente validados por los medios habituales de la ciencia y no se haya demostrado satisfactoriamente que disponen de "conocimientos" y no únicamente de creencias huecas, se establezcan las medidas necesarias para evitar que los pacientes sigan siendo víctimas de los pseudomédicos, los pseudorremedios y el abuso de su ignorancia.
Al expresar estas preguntas lo hago con todo respeto y la máxima consideración a la alta investidura que el voto popular le ha conferido a todos los destinatarios, y por tanto espero que, respetando el derecho de petición que me concede el artículo 29 de la Constitución Española, se le dé a la presente respuesta pronta y completa.
Atentamente,
